2011 prometía pero se ha quedado solo en promesa. Apenas 1.200 vehículos matriculados (377 turismos) que han gastado poco más del 5% presupuestado para ayudas: 4 de los 72 millones previstos. El coche eléctrico comenzará a despegar este año. O el que viene. En cualquier caso llegará. Y hay que prepararse para un cambio que revolucionará el modelo energético y de movilidad. De momento, esto es lo que hay disponible en el mercado.

El pasado 30 de noviembre, cuando se cerró el plazo de solicitud de las ayudas concedidas por el Ministerio de Miguel Sebastián, se confirmó el fracaso del plan de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos, regulado en mayo por el Real Decreto 648/2011. ¿Por qué se han vendido tan pocos coches? La crisis general que afecta a todos los sectores es el primer argumento, pero también la falta de oferta de modelos, que han tardado en llegar más de lo previsto. Y su elevado precio.

En el horizonte hay, no obstante, asuntos que pueden acelerar el proceso. El primero es China. Cada día son más las noticias que llegan desde el país asiático con protestas por los altos niveles de contaminación que tienen que soportar algunas ciudades. Y que cada vez soportan menos. La movilización ciudadana puede acelerar la apuesta que China está haciendo por el coche eléctrico.

La otra cuestión es, cómo no, el petróleo. Cualquier movimiento político en la zona del Golfo Pérsico, donde se localizan los mayores productores del mundo, tiene un efecto desestabilizador extraordinario sobre el mercado de crudo. El embargo a Irán ha disparado el precio de los carburantes a máximos. De hecho, la  Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI) calcula que viajar en coche cuesta hoy un 57% más que hace tres años. Se basa en datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, que cifra el litro de gasolina en 1.367 euros y el de gasoil en 1,360, cuando en enero de 2009 costaba 0,875 y 0,869 respectivamente. Por más que algunos prefieran no verlo, a nadie se le escapa que los vaivenes en torno al petróleo pueden trastocarlo todo.

En España, las ayudas previstas y no gastadas en 2011 han permitido prorrogarlas un año más (lo recoge el Real Decreto 1700/2011 del 18 de noviembre) hasta el próximo 30 de noviembre. Y se mantienen las cuantías: 2.000 euros para vehículos con una autonomía de 15 a 40 km; 4.000 euros para los que van de 40 a 90 km, y 6.000 para los que superen los 90 km de autonomía exclusivamente eléctrica. Es tanto como decir que habrá 2.000 euros para los híbridos enchufables, 4.000 para los de autonomía extendida y 6.000 euros para los eléctricos puros. Algo que no gusta nada a Toyota, porque considera que su nuevo Toyota Prius enchufable, que se pondrá a la venta en mayo o junio y que tendrá una autonomía de 23 km, será discriminado frente a los eléctricos puros.

Así las cosas ¿qué coches vamos a poder comprar este año? ¿qué marcas y modelos están ya disponibles?

Eléctricos
Nissan Leaf
El primer eléctrico puro del mercado fabricado en gran serie ya ha iniciado su comercialización en España. Su precio es de 29.950 euros, tras la rebaja de los 6.000 euros de subvención. El motor eléctrico, de 80 CV, es alimentado por baterías de ion litio, que logran una autonomía de 175 km, con un consumo de unos 24 kWh. Recargarlo cuesta unos dos euros. La velocidad máxima es de 145 km/h. Tiene un modo Eco para optimizar todos los consumos: de velocidad, de aire acondicionado, etc. La carga doméstica completa se hace en ocho horas a 16 amperios de intensidad (las instalaciones domésticas son de 10 amperios por lo que si se quiere acelerar esa carga es preciso instalar una específica para vehículos eléctricos). La recarga rápida (corriente continua 50 kW) permite cargar un 80% de la batería en unos 30 minutos. El coche dispone de un sistema interactivo llamado Carwings que, conectado a un centro global de datos, puede decirle al conductor cuánta autonomía le queda tras la última recarga o cuáles son los puntos de recarga más cercanos en todo momento. Incluso puede comparar la eficiencia de conducción con otros coches registrados en Carwings.

El Leaf fue declarado Coche del Año en el Mundo en 2011 por un jurado compuesto por 66 periodistas especializados de 24 países. Ha conseguido 5 estrellas Euro NCAP, la máxima puntuación en seguridad. Lo que, en palabras del secretario general de este organismo, Michel van Ratingen, “demuestra que los vehículos eléctricos pueden alcanzar los mismos niveles de seguridad que los coches tradicionales”.

Renault Zoe
Renault ha anunciado que estará disponible a mediados de año o en otoño. Es una berlina compacta de cuatro metros de longitud, cinco plazas y un maletero de 292 litros. Tiene un motor de 60 kW (80 CV de potencia) y alcanza 135 km/h. Sobre su autonomía, el fabricante apunta que es superior a los 160 km aunque se especula con que, incluso, podría superar los 200. La previsión es que recorrer 100 km con el Zoe cueste 1,5 euros, una cuarta parte que los turbodiésel de su tamaño más eficientes.

Cuenta con un sistema de recarga estándar, que tarda entre 6 y 8 horas, y otro rápido (400 voltios y 36 amperios), para conseguir 50 km de autonomía en sólo diez minutos o realizar un repostaje completo en media hora. En algunos países, se instalarán estaciones automáticas de cambio de batería, de forma que, sin moverse de su vehículo, el cliente podrá sustituir su batería vacía por otra llena en tres minutos. Hoy por hoy, este sistema denominado Quickdrop está previsto en Israel y Dinamarca, en colaboración con la organización Better Place.

Renault Twizy
Los primeros llegarán a los concesionarios este mes de febrero. Se fabrica en exclusiva en la factoría de Valladolid. Mide 2,33 m de longitud y 1,23 de ancho. Y tiene dos plazas, una delante y otra detrás. Cuenta con dos versiones. El Twizy 45, de 4 kW de potencia y una velocidad máxima de 45 km/h, que cuesta 4.917 euros, IVA incluido, con la ayuda oficial, y que se puede conducir con permiso de ciclomotor a partir de 15 años. Y el Twizy Urban (5.409 euros) para carnet B, 13 kW de potencia y 80 km/h. Las puertas se compran aparte y cuestan 550 euros más. Y las baterías se alquilan al precio de 50 euros al mes, tiene una autonomía de 100 km. La recarga completa en enchufes domésticos se realiza en tres horas y media.

Smart fortwo
Se comercializará en todo el mundo a mediados de 2012. Dispone de una batería de 17,6 kWh, con una autonomía de 140 km y un tiempo de recarga de unas tres horas y media para llegar al 80%. En un enchufe doméstico la recarga completa dura unas 8 horas en un enchufe doméstico y una hora en un poste de recarga rápida (con un cargador de 22 kW). Alcanza una velocidad máxima de 120 km/h, con una notable capacidad de aceleración que permite llegar a 60 km/h en menos de seis segundos y 100 km/h en menos de 13.

Smart ofrece un modelo de venta llamado sale&care con el que se puede optar por comprar (menos de 19.000 euros, IVA no incluido), adquirir en régimen de leasing o financiar el vehículo y alquilar la batería por menos de 70 euros al mes. Los costes de alquiler incluyen el mantenimiento periódico, la revisión anual de la misma y, en caso necesario, también una sustitución rápida con independencia de la edad del vehículo o de la batería.

Ford Focus Electric
Saldrá a finales de 2012. Tendrá una autonomía de 160 km de autonomía y una velocidad máxima limitada a 136 km/h. El precio previsto en Estados Unidos es de 39.975 dólares, unos 31.000 euros. El coche, que se presentó hace un año en el Salón Internacional de Detroit, es el primero totalmente eléctrico producido por Ford. Sus baterías de ion litio mueven un motor que ofrece una potencia de 23 kW (125 CV).

Ford no tiene reparos en comparase directamente con el Nissan Leaf y asegura que su recarga puede ser el doble de rápida que la del modelo nipón, sólo 3-4 horas. Cuenta con una aplicación para teléfono smartphone, que permite conocer el estado del coche, su nivel de carga, tiempo previsto de recarga, la ubicación de las estaciones de recarga más próximas así como programar el horario de carga más ventajoso o recibir alarmas cuando se ha completado el proceso. Estéticamente lo que más llama la tención es la nueva calandra al estilo Aston Martin y las pantallas que hay en el salpicadero que nos informan de la carga y autonomía en cada momento.

Peugeot iOn
Ya se comercializa, igual que sus hermanos gemelos, el Mitsubishi i-MiEV y el Citroen C-Zero. Los tres comparten diseño y características técnicas. De hecho, se les denomina popularmente trillizos. Con un motor eléctrico de tipo síncrono con imanes permanentes que rinde un máximo de 49 kW (66 CV). La batería de ion–litio proporciona hasta 150 km de autonomía y se pueden recargar con un enchufe doméstico en 6 horas o si disponemos de uno de recarga rápida en sólo 30 minutos logra el 80% de su capacidad. Incluso en 5 minutos podremos almacenar energía suficiente para realizar unos 30 km.

Sus prestaciones son suficientes para su vocación urbana: 130 km/h de velocidad máxima y una aceleración de 0 a 100 km/h en 15 segundos. Mide 3,48 de largo y 1,47 de ancho. El Peugeot iOn ofrece asistencia en caso de descarga de la batería de tracción. Para ello hay que contratar el mantenimiento Premium. A finales del mes pasado Peugeot y Citroen, o sea PSA, bajaron un 16% el precio del Peugeot iOn y del Citroen C–Zero, que pasan a costar 23.551, después del descuento de los 6.000 euros de ayudas.

Mitsubishi i-MiEV
Pasará a la historia como el primer automóvil eléctrico fabricado en serie. Cuenta con un motor magneto–eléctrico de 67 CV y las baterías ofrecen una autonomía de 150 km. Tiene seis modos de funcionamiento, los correspondientes a una transmisión automática y dos específicas de un vehículo eléctrico: B y C. La B permite una mayor regeneración de energía en retenciones y, por tanto, una recarga superior de la batería, lo que alarga su autonomía. La posición C facilita una respuesta más suave para la conducción interurbana, lo que mejora el confort. La batería, que según Mitsubishi no necesita ningún tipo de mantenimiento en diez años, se recarga en seis horas en un enchufe convencional.

En el panel de instrumentos un display muestra la autonomía restante en función de las condiciones de conducción que se han seguido en los últimos 25 km. El consumo es de 13,5 kWh a los 100 km, lo que supone un coste aproximado de un euro cada 100 km. La marca ofrece cinco años de garantía para los principales componentes eléctricos. Su precio es de 28.400 euros, tras los descuentos.

Citroen C–Zero
Como hemos dicho, sus características son similares a las del Peugeot iOn y el Mitsubishi i-MiEV. 130 km/h de velocidad máxima y 150 km de autonomía que se puede gestionar en función del estilo de conducción. Porque durante las fases de deceleración el motor funciona como un generador que transforma la energía cinética en energía eléctrica que sirve para alimentar la batería. Un indicador informa constantemente tanto del consumo como de la generación de energía para optimizar sus posibilidades.

A pesar de su tamaño está equipado con 6 airbags frontales, laterales y de techo. Y dispone de control electrónico de estabilidad ESP. Como pasa con el Peugeot iOn, el precio del Citroen C–Zero ha bajado en las últimas semanas un 16%, hasta los 23.551, después de aplicar el descuento de los 6.000 euros de ayudas.

Híbrido Enchufables
Toyota Prius Plug–in
Sale a la venta en verano y su precio en España estará por debajo de los 30.000 euros. Es el primer híbrido enchufable que llega al mercado. Sus baterías son de ión litio, de 4,4 kWh (1,3 kWh en el Prius híbrido normal) que permiten hacer 23 km. De forma conjunta, sus motores térmico y eléctrico entregan 136 CV de potencia. Alcanza una velocidad punta de 180 km/h y un consumo medio de 2,2 litros a los 100 km (un 30% menos que el Prius híbrido normal), con unas emisiones de CO2 de 49 g/km. Las baterías se recargan en una hora y media.

El Prius Plug-in permite tres modos de conducción. El modo HV, con las mismas características del híbrido. El modo EV utiliza al máximo la batería, haciendo posible una conducción sólo con el motor eléctrico. Y el modo EV-City, que da prioridad a la tracción eléctrica y permite un mayor uso del acelerador antes de que entre en marcha el motor de gasolina. El Prius Plug-in presenta varios detalles externos que lo diferencian del Prius normal, entre ellos paragolpes y rejilla y sus toques plateados.

Volvo V60 PHEV
Llegará en otoño. Combina un motor 2.4 turbodiésel de 215 CV con otro eléctrico de 70, acoplado en el eje trasero, que posibilita la tracción 4×4. Dispone de cambio automático y tres modos de funcionamiento: híbrido, eléctrico y deportivo. En el primero se combinan los dos motores, con un consumo medio de 1,9 litros, una autonomía máxima de 1.200 km y unas emisiones de CO2 de 50 g/km. En el modo eléctrico se pueden recorrer 50 km.

Las baterías de ion litio de 12 kWh se pueden cargar en tres horas en un enchufe doméstico a 16 amperios (más tiempo si el amperaje es menor). Circulando en modo híbrido también se pueden recargar las baterías, aunque en este caso aumenta el consumo del motor turbodiesel hasta siete litros. No se conocen datos sobre su precio en España.

Autonomía Extendida
Opel Ampera
Sale a la venta este mes de febrero. Es el hermano del Chevrolet Volt. Son los llamados coches de autonomía extendida. El Ampera cuesta 38.900 euros (tras el descuento de las ayudas) y permite recorrer los primeros 40–80 km con las baterías, en función del terreno, la forma de conducir y la temperatura ambiente. Después se pone en marcha un pequeño motor de gasolina para alimentar el motor eléctrico que mueve las ruedas.

Las baterías de ion litio de 16 kWh alimentan un motor eléctrico de 150 CV/111 kW. Según Opel, el coche ofrece una autonomía total de más de 500 kilómetros, consume 1,2 litros a los 100 km y emite 27 gramos de CO2 por km. Su velocidad punta es de 161 km/h. El vehículo se puede recargar en unas cuatro horas. Mide 4,49 de largo por 1,78 de ancho.

• fuente: energias-renovables.com

Un equipo de investigadores de Francia y Estados Unidos ha descubierto que el nivel de los océanos del planeta está aumentando debido a fenómenos de deshielo. El estudio, publicado en Nature, es el primero en determinar cuánto hielo en proceso de licuefacción contribuye a la subida del mar en todo el planeta.

Los investigadores, dirigidos por la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos), midieron la pérdida de hielo planetaria entre 2003 y 2010 gracias a los instrumentos de GRACE (Experimento de clima y recuperación gravitatoria), una misión espacial realizada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA) en colaboración con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR). El equipo estudió sobre todo los glaciares y casquetes de hielo fuera de Groenlandia y la Antártida.

Los datos muestran que la pérdida global de masa helada en estas dos regiones, sumada a la de los glaciares y casquetes polares, durante el periodo de siete años estudiado es cercana a 4,3 billones de toneladas. A raíz de esta pérdida, el nivel del mar ha aumentado doce milímetros. Expertos en la materia afirman que es hielo suficiente para cubrir Estados Unidos con una capa de medio metro.

“La Tierra está perdiendo una cantidad increíble de hielo cada año que va a parar al mar; este nuevo estudio nos ayudará a responder a importantes interrogantes acerca del aumento de su nivel y de cómo las regiones más frías del planeta están respondiendo al cambio global”, explicó el profesor John Wahr de la Universidad de Colorado Boulder, uno de los autores del estudio. “El punto fuerte de GRACE es que observa toda la masa del sistema, incluso aunque su resolución no es lo suficientemente alta como para permitirnos distinguir las contribuciones de cada glaciar.”

Según los investigadores, cerca del 25 % de la pérdida anual de hielo (alrededor de 148 000 millones de toneladas) procedió de glaciares y casquetes polares no ubicados en Groenlandia o en la Antártida. Añaden que la pérdida de hielo de estas dos regiones y sus casquetes y glaciares periféricos alcanzó una media de 385 000 toneladas anuales.

En estudios anteriores se habían empleado mediciones terrestres de varios glaciares para deducir la situación de los glaciares no vigilados de todo el planeta. Sólo unos pocos de los 200 000 glaciares planetarios han sido objeto de labores de vigilancia durante más de 10 años.

En este estudio, el equipo de GRACE descubrió que las cordilleras asiáticas, como Pamir e Himalaya, sólo han perdido 4 000 millones de toneladas de hielo anuales.

“Los resultados en esta región supusieron una verdadera sorpresa”, afirmó el profesor Wahr. “Una posible explicación residiría en que las estimaciones se hacían con datos tomados sobre todo en las partes más bajas y accesibles de los glaciares en Asia y que los datos se extrapolaban para inferir el comportamiento de los glaciares a mayor altitud. Pero a diferencia de los glaciares bajos, muchos de los de gran altura están todavía en entornos demasiado fríos y sería necesario que la atmósfera se calentase aún más antes de que las temperaturas subieran lo suficiente como para provocar deshielos significativos. Por todo ello es complicado utilizar mediciones terrestres a poca altitud para calcular resultados del sistema completo.”

En relación a los descubrimientos, el científico de la NASA Tom Wagner indicó: “En este estudio se ha descubierto que los glaciares y los casquetes pequeños del planeta situados en lugares como Alaska, Sudamérica e Himalaya contribuyen a que el nivel del mar suba 0,5 milímetros al año. Aunque esta cifra es menor que la calculada con anterioridad, confirma que se pierde hielo en todo el planeta y que sólo unas pocas áreas mantienen un precario equilibrio. Los resultados mejoran los conocimientos que se poseen sobre el deshielo en masas terrestres, el factor de mayor dimensión y más amenazante de cara a futuras subidas del nivel del mar.”

• fuente: madrimasd.org

En respuesta a la consulta pública por encargo del Gobierno de la nación, la Asociación Protermosolar ha trasladado a la CNE once estupendas propuestas que de Verdad reducirían el déficit tarifario.

El 42% de la cantidad recortaría el déficit acumulado y el 58% sería la resultante de la rebaja del déficit anual

- El ahorro sería muy superior de abordarse el beneficio excesivo de las nucleares y gran hidráulica, estimado en 50.000 millones desde el sistema de ‘pool’

Protermosolar, la asociación española de la industria solar termoeléctrica, ha propuesto a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) once medidas cuya aplicación supondría en conjunto una reducción de 17.300 millones de euros del déficit de tarifa. Este plan ha sido elaborado en respuesta a la consulta pública abierta por la CNE por encargo del Gobierno de la nación y con el fin de buscar soluciones a este problema del sector energético que, a juicio de Protermosolar, no es achacable en absoluto a las energías renovables como interesadamente se quiere hacer ver a la opinión pública, ya que éstas han contribuido a la rebaja en origen del precio de la electricidad.

La rebaja del déficit sería aún mayor con este plan de Protermosolar si se abordara la quita que propone para los beneficios excesivos obtenidos por la generación de electricidad en centrales nucleares y gran hidráulica, una quita que responde a la doctrina del Tribunal Supremo sobre los “beneficios razonables” y con la que ya se justificaron en el pasado determinadas medidas sobre algunas energías renovables.

La cuantificación de estos beneficios excesivos podría hacerse a partir de las conclusiones de un informe de la propia CNE, de mayo de 2008, sobre costes de generación de las diferentes tecnologías y que coinciden con estudios de consultoras realizados posteriormente, de lo que se derivaría una cifra superior a los 50.000 millones de euros desde la instauración del sistema de ‘pool’ y en más de 20.000 millones desde el reconocimiento de la figura del déficit tarifario.

En síntesis, la propuesta de Protermosolar a la CNE incluye dos grandes tipos de medidas, con los siguientes ahorros:

A) Medidas para recortar el déficit acumulado:

1) Aplicar una cierta quita basada en la teoría del Tribunal Supremo de beneficio razonable por los ‘windfall profits’ de años anteriores. Cantidad pendiente de determinar.

2) Realizar la regularización y liquidación final de los Costes de Transición a la Competencia todavía pendientes. Estimación: 3000 millones de euros.

3) Exigir la devolución de los derechos de emisión que las eléctricas han recibido gratuitamente en los sucesivos años desde 2005 y que se han internalizado en el precio del pool. Ya se exigió la devolución de ciertas anualidades (2006, 2007, 2008 y 2009-1er semestre) que es de suponer se habrán ingresado, aunque no se ha podido ver claramente en los datos facilitados sobre el déficit. Faltaría por exigir las de 2005 y desde el 2º semestre de 2009 hasta la fecha. Estimación: 4200 millones de euros.

B) Medidas para reducir el déficit anual

4) Bajar la remuneración a las centrales nucleares e hidráulicas, suficientemente amortizadas y cuyos costes de generación son muy inferiores a los precios del ‘pool’. Estimación: 3000 millones de euros al año.

5) Revisar los costes regulados de distribución exigiendo mayores niveles de eficacia y, por tanto, de reducción de costes. Estimación: 500 millones de euros anuales.

6) Eliminar los pagos por interrumpibilidad a grandes consumidores al existir sobrecapacidad instalada. Estimación: 500 millones de euros al año. (Actualmente cobran del orden de 5000 millones)

7) Reducir los pagos por capacidad a los ciclos combinados e hidráulica. Estimación: 300 millones de euros anualmente.

Retirar los apoyos al carbón nacional, que son la causa del cambio de tendencia en los compromisos de reducción de emisiones, y pasar a los Presupuestos Generales del Estado otras medidas de apoyo a los 4000 trabajadores del sector de la minería. Estimación: 500 millones de euros al año.

9) Pasar a los Presupuestos Generales del Estado todos los costes que puedan calificarse de “apoyos sociales”, como los costes extrapeninsulares, el bono social, la subvención a Elcogas, la Moratoria Nuclear, etcétera. Estimación: 1300 millones de euros al año.

10) Corresponsabilizar a los otros sectores energéticos de la necesaria transformación del sector eléctrico para el cumplimiento de los objetivos marcados por la U.E. Estimación: 3000 millones de euros anuales.

11) Aplicar como ingresos al sistema parte de las subastas de derechos de emisiones por generación eléctrica a partir de 2013. Estimación: 1000 millones de euros anuales.

Protermosolar estima que todas estas medidas resolverían sobradamente el problema del déficit y permitirían avanzar hacia el cambio de modelo energético con penetración paulatina de las renovables y con primas a su vez  progresivamente decrecientes hasta alcanzar la paridad. Las renovables no son el problema, sino la solución que puede ayudar a España a remontar la crisis al atraer inversión privada, incrementar el PIB, generar empleo, reducir importaciones de combustibles y la vulnerabilidad de nuestra economía y, en definitiva, contribuir de manera significativa a la reducción del déficit público. Si se aplicaran todas esas medidas no habría ningún problema en trasladar posteriormente a tarifa los costes resultantes y, por tanto, el resultado final sería que  nunca más se incurriría en déficit tarifario.

• fuente: suelosolar.com

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha rechazado este viernes la “inseguridad jurídica” creada en torno a las energías renovables y los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han destacado los 44.000 empleos afectados en Andalucía por la decisión del Gobierno de suspender temporalmente las primas al sector.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ha reclamado una apuesta por este sector en el futuro, ya que “Andalucía cuenta con empresas que son líderes mundiales en energías renovables”.

Asimismo, ha recordado que el gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero redujo las primas con efecto retroactivo y el actual las ha suspendido temporalmente. “Esto añade al sector una incertidumbre, una inseguridad jurídica que hace difícil la actuación”, ha subrayado.

En este sentido, ha reclamado que se solucionen “cuanto antes” los problemas que han llevado al Gobierno a adoptar esta decisión para que “se apueste por el sector otra vez”.

Por otra parte, el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha destacado el “esfuerzo importante” de la Comunidad en la expansión de las energías renovables, donde Andalucía está “a la cabeza de España y en uno de los primeros lugares de Europa y del mundo”.

Sin embargo, ha afirmado que la decisión del Gobierno del PP de suspender temporalmente las primas a las energías renovables provoca “un parón en seco” en un área que era “una posibilidad de desarrollo y de mermar la dependencia energética que es imprescindible en estos momentos”.

“Nos ha venido muy mal a los andaluces la decisión de parar las inversiones en renovables, es muy perjudicial para Andalucía porque había expectativas importantes de inversiones y proyectos, además de la generación de empleo que supondrían”, ha subrayado.

Por último, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha señalado la situación de “incertidumbre” que ha creado esta decisión del Gobierno que afecta a 44.000 empleos en Andalucía y a 1.700 empresas.

“Se ha hecho una inversión en los últimos años de más de 14.000 millones de euros, pero ahora esos magníficos resultados y esfuerzos pueden que se vean cuestionados”, ha cerrado.

• fuente: europapress.es

Una filtración de documentos ha puesto al descubierto los planes, los métodos y el presupuesto de una de las más destacadas instituciones dedicadas a poner en duda la existencia del cambio climático. Se trata del Heartland Institute, un ‘think tank’ neoliberal de EEUU que defiende la postura de que el planeta no se está calentando y niega la existencia del cambio climático… o que este sea malo en caso de que lo haya.

El instituto Heartland no sólo se dedica al clima. También defiende que el humo del tabaco no es dañino para quien los fuma pasivamente y está en contra de las políticas públicas de salud en EEUU.

El Heartland Institute fue fundado en 1984 y es una organización no gubernamental con sede en Washington. Es la misma que organiza desde 2008 una reunión internacional de escépticos y negacionistas del cambio climático.Conocida como International Conference on Climate Change, es la misma reunión a la que fue invitado a asistir el ex presidente Aznar en 2009. Anunciado en los carteles, finalmente el mandatario popular no acudió a aquel mitin por motivos que no fueron explicados.

Los documentos del Heartland Institute, que circulan desde hace dos días por decenas de webs de todo el mundo, indican qué empresas lo financian. Entre ellas están compañías ligadas al petróleo como Koch Industries, una de las mayores compañías privadas del mundo, especializada en servicios para la industria peteroquímica, y a la que Greenpeace acusa de haber gastado 20 millones de dólares en cinco años para atacar a quienes advierten de la emergencia del cambio climático.

Los papeles filtrados también señalan cuánto paga el Instituto Heartland mensualmente a quienes escriben en contra del cambio climático, tienen blogs sobre la materia o participan en conferencias. Los pagos van desde asignaciones de varios miles de euros al mes por persona, o donaciones de decenas de miles de euros para ‘proyectos’ concretos.

El Heartland Institute, por ejemplo, ha destinado 1,2 millones de dólares a la puesta en marcha desde 2009 del Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), un grupo de escépticos liderados por Fred Singer y que tienen como nombre uno que emula el panel oficial de la ONU sobre el clima, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Además, la filtración también pone al descubierto un memorando interno con los planes para impedir que la ciencia del clima sea enseñada en las escuelas de EEUU, poniendo al descubierto los planes para crear un frente de disputa similar al del intento de imponer el creacionismo en las aulas estadounidenses. De hecho, el Heartland Institute está dispuesto a allanar la tarea y para ello ha presupuestado este año 200.000 euros para elaborar una propuesta de currículo escolar anticlimático que podría proporcionar a las escuelas para que fuera impartido.
Admite la veracidad del documento

El conjunto de papeles, unos 100 folios que, según parece, fueron suministrados por un topo infiltrado en el Heartland Institute a una página web anti-negacionista llamada desmogblog.com indican que el Heartland Institute ha gastado varios millones de dólares en los últimos cinco años en apoyar todo tipo de esfuerzos para debilitar la ciencia del clima. La mayoría del dinero viene de un una persona a la que los documentos mencionan como “El donante anónimo”.

Según los documetnos, este año el Heartland Institute espera conseguir 7,7 millones de dólares para sus objetivos.

Tras conocerse la filtración, el Heartland Institute admitió que algunos de sus documentos habían sido robados, pero señaló que no habían tenido tiempo de comprobar si todo lo que circulaba por la web era cierto o había sido alterado o falsificado. Pero al mismo tiempo, el Heartland Institute se disculpó públicamente ante sus donantes pidiéndoles perdón por el hecho de que sus nombres hayan sido puestos al descubierto, lo que ha sido interpretado por los medios de EEUU como un reconocimiento implícito de la validez del documento, que incluye también muchos detalles de las actividades del think tank, como salarios, fichajes de plantillas y planes para obtener más dinero.

El Heartland Institute puede acabar saliendo mal parado de esta filtración. Según señala The New York Times, algunos documentos filtrados parecen indicar que ha destinado fondos a influir en campañas políticas y esto es algo que tiene vetado por su estatus de organización no gubernamental.

Visto el escándalo provocado por la filtración de documentos del Heartland Institute, que ha generado un fuerte impacto en la prensa internacional, algunos pensarán que, donde las dan, las toman.

Hace tres años, el robo de los correos electrónicos de uno de los centros punteros en el estudio del clima, la Unidad de Investigación del Clima de la Universidad de East Anglia (Gran Bretaña), fue utilizado para acusar a los científicos de no ser rigurosos en el estudio del cambio climático. Aquella resultó ser una campaña sin fundamento, pues sucesivas investigaciones demostraron que no había nada raro en el asunto y que los expertos de East Anglia habían trabajado en todo momento con total corrección y honestidad.

Pero eso no impidió que el prestigio de los científicos del clima quedara muy tocado por este caso, conocido como ‘Climategate’. Los correos robados se dieron a conocer justo antes de la Cumbre de Copenhague, en diciembre de 2009,y sirvieron para crear un ruido de fondo contra quienes abogaban por luchar contra el cambio climático.

Ahora, tres años después, la sociedad ya sabe quién anima las campañas contra la ciencia del clima, y quién las paga.

• fuente: elmundo.es

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha propuesto a la Comisión Nacional de Energía (CNE) distintas medidas que, en conjunto, ahorrarían al sistema eléctrico más de 6.800 millones de euros anuales.

Además, la asociación ha propuesto otras medidas, cuyo impacto económico no está cuantificado, que contribuirían a la competitividad del sistema eléctrico, indicó en un comunicado APPA sobre su respuesta a la consulta pública sobre medidas de ajuste regulatorio del sector eléctrico de la CNE.

APPA cree que la moratoria que ha impuesto el Real Decreto 1/2012 sobre las energías renovables “no contribuirá a solucionar los grandes problemas que asolan al sistema eléctrico”, por lo que considera necesaria “una revisión completa y profunda del sistema energético, especialmente en el actual contexto de crisis económica y en el escenario de precios alcistas de los hidrocarburos”.

Entre las medidas propuestas por la patronal de renovables se encuentran la aplicación de tasas a la generación nuclear y gran hidráulica en régimen ordinario, que supondría 2.800 millones de euros anuales, así como la regularización y liquidación de los costes de transición a la competencia, tal y como específica la Ley del Sector Eléctrico, que permitiría reducir el déficit tarifario en 970 millones de euros.

APPA también considera que los derechos de emisión, según las estimaciones de la Comisión Europea, reportarían 1.500 millones de euros anuales si se subastaran y señala que la aplicación del Real Decreto 6/2009, que establece que los extracostes de sistemas extrapeninsulares e insulares se trasladen a los Presupuestos, y la inclusión de las ayudas al carbón en los Presupuestos ahorrarían al sistema eléctrico 1.900 millones de euros anuales.

Además, la asociación subraya que sectores como el transporte, el industrial o la climatización, que utilizan hidrocarburos de origen fósil, deben asumir los objetivos europeos en materia de energías renovables.

La patronal de renovables también insta a la CNE a que proponga medidas que supongan una separación efectiva y real de las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

• fuente: europapress.es

La Coordinadora de Apoyo a las Energías Renovables (que agrupa a más de cincuenta entidades de diversos ámbitos) ha decidido emprender las acciones oportunas para preparar una eventual denuncia ante los organismos de la UE contra la moratoria al desarrollo de las energías renovables que implica el RDL 1/2012, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 27 de enero y ratificado ayer en el Pleno del Congreso con los votos del Partido Popular.

Las organizaciones agrupadas en esta Coordinadora, en la que están presentes asociaciones sectoriales, organizaciones ecologistas, sindicatos, fundaciones, empresas y otras entidades, consideran que el RDL 1/2012 puede ir en contra de las Directivas europeas 2009/28/CE de Renovables y la 2010/30/UE de Eficiencia Energética de Edificios.

La directiva de renovables fija como objetivo el 20% de consumo final de renovables en 2020 y la de edificios que en 2020 todos los edificios sean de consumo de energía casi nulo con renovables pero, además, ambas establecen medidas concretas para eliminar las barreras que impiden el desarrollo de las renovables para alcanzar dichos objetivos, como son la inestabilidad regulatoria, las trabas administrativas y los obstáculos para su conexión a la red. La norma aprobada por el Gobierno, y hoy ratificada por el Congreso, vulnera especialmente el primero de estos criterios básicos de la política energética de la Unión Europea porque mantiene, por su temporalidad, el riesgo regulatorio y la inseguridad jurídica para las nuevas inversiones.

Aunque, en principio, las directivas (y la 2009/28 en concreto) dejan mucha discrecionalidad a los Estados miembros para cumplir los objetivos que imponen (en este caso el 20% de renovables en 2020), la Coordinadora de Renovables va a estudiar con los servicios jurídicos la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Europea. Entienden las entidades que el RDL, al suprimir las primas, imposibilita de facto el cumplimiento del Plan de Energías Renovables recientemente aprobado y por tanto el objetivo del 20% de la Directiva, ya que el sistema de retribución basado en primas es sustancial para las tecnologías renovables eléctricas. Sin los incentivos se imposibilita en la práctica la instalación de la potencia necesaria para cumplir los objetivos.

Además se va a denunciar que el Gobierno, con esta norma, no está garantizando la eliminación de barreras para el acceso a la red y para los procedimientos administrativos de autorización de instalaciones, sino todo lo contrario: está interponiendo una barrera definitiva.

Ya el pasado día 31 de enero la Coordinadora hizo público un comunicado en el que, entre otras consideraciones, afirmaba que “es un error histórico aplicar una moratoria a un sector, como el de las renovables, que es de los muy pocos de nuestra industria nacional que han adquirido un liderazgo mundial como Marca España. El modelo de renovables que todos han venido a copiar ahora se paraliza para que otros lo desarrollen”. Las explicaciones dadas esta mañana en el debate por el Ministro de Industria, Energía y Turismo para pedir la convalidación del Real Decreto Ley (que ni siquiera será tramitado como proyecto de ley, lo que permitiría un debate más sosegado y participativo) siguen confundiendo a la opinión pública al citar a las primas de las renovables como primera causa del Déficit de Tarifa.

Esta Coordinadora ha decidido llevar a cabo diversas iniciativas de comunicación y sensibilización de la sociedad para denunciar las consecuencias de esta moratoria y poner en valor el papel de las energías renovables en el nuevo modelo energético que se requiere.

Este documento está suscrito por: Albasolar, All Green Energies, Alternativa Verda, Amigos de la Tierra, Ansasol Energía Fotovoltaica, ARE (Alliance for Rural Electrification), Asociación de Ciencias Ambientales, Asociación de la Industria Fotovoltaica, Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia, Asociación Empresarial Fotovoltaica, Asociación de Instaladores de Energía Solar Fotovoltaica (AIFOC), Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA), Asociación Solar de la Industria Térmica, Athanor, AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa), CCOO, Coalición Clima, Día de la Terra Catalunya, Ecologistas en Acción, ECOOO, Ecoserveis, Enática Energías Renovables, S.L., EolicCat, Eolpop S.L., EUROSOLAR España, Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, Fundación Desarrollo Sostenible, Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Equo, Fundación Renovables, Fundación Terra, Greenpeace, Grupo de Abastecimiento Energético (GAE), Grupo de Científicos y Técnicos por un futuro no nuclear, Jumanji Solar, Luz Verde, MCA-UGT, Protermosolar, Revista Energías Renovables, Revistas Era Solar y Eolus, SEO BirdLife, Sinapsis, Solar News, Solarweb.net, Som Energía, Una Sola Terra, Unión Española Fotovoltaica (UNEF), WWF España.

• fuente: ambientum.com

Greenpeace ha planteado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un conjunto de medidas para modificar de forma eficaz y ambientalmente sostenible el actual marco regulatorio del sector energético, en respuesta a su consulta pública abierta. Respecto a la electricidad, la principal medida que propone es asegurar que esta sea remunerada de acuerdo con la totalidad de sus costes.

La organización ecologista lamenta en un comunicado que el Gobierno no promueva un debate profundo sobre la reforma del sector energético, después de haber tomado de forma “irreflexiva y unilateral” medidas como la moratoria al desarrollo de las energías renovables (RDL 1/2012, convalidado ayer en el Congreso de los Diputados en solitario por el Partido Popular) o su decisión de revocar la Orden ministerial de julio de 2009 de cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Garoña, gemela de la de Fukushima.

La medida básica planteada a la CNE por Greenpeace para garantizar la sostenibilidad  económico-financiera del sistema energético es asegurar que el producto suministrado (electricidad, hidrocarburos líquidos…) sea remunerado de acuerdo con la totalidad de los costes que ha supuesto realizar las distintas actividades destinadas a proporcionar dicho suministro.

“Para ello, en primer lugar, es necesario que se incluyan todos los costes, incluidos los ambientales pues, de lo contrario, la actividad de suministro de electricidad y de los hidrocarburos líquidos seguirá generando una deuda ecológica creciente sobre el resto de ciudadanos, de todo el mundo, presentes y futuros, así como sobre el medio ambiente en general”, afirma Greenpeace.

En segundo lugar, indica, es necesario evitar costes y remuneraciones innecesarias. En ese sentido, considera “urgente revisar la formación de precios en el mercado mayorista de producción, para evitar remuneraciones desproporcionadas a instalaciones de sobra amortizadas (”windfall profits” de instalaciones nucleares e hidráulicas)”. También considera urgente “evitar situaciones en que unos pocos agentes controlen en la práctica los precios de la subastas de energía o camuflar en el régimen especial actividades nocivas para la salud y el medio ambiente como la incineración de residuos”.

Marco regulador estable y a largo plazo
Greenpeace propone, además, una planificación y gestión integrada de los sistemas eléctrico y de combustibles (biogás e hidrógeno) para facilitar la incorporación creciente y de forma eficiente de la energía renovable y optimizar las infraestructuras existentes. Otra medida planteada por la organización ecologista es la creación de un marco regulador definido, previsible y estable, con rango de ley, para las energías renovables y la eficiencia energética, para hacer atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos”. Una tercera, analizar qué tecnologías deben ser remuneradas en libre competencia y cuáles necesitan, aunque sea de modo transitorio, una remuneración adicional para ser viables.

“Este es un debate político fundamental, que requiere decidir con claridad qué modelo se quiere alcanzar. En el actual sistema, el régimen especial cumple esa función, pero su sostenibilidad se ve alterada no solo por su cuantía, sino por la cantidad de “parches” y subvenciones cruzadas e incentivos perversos que van en la dirección contraria”, ha declarado Carlos Bravo, responsable del área de Energía y Cambio climático de Greenpeace.

Greenpeace considera que para clarificar y decidir cuál es el modelo que se quiere y a dónde se quiere llegar es necesario incorporar la mirada de largo plazo. Por ello, pide que se realice una planificación energética de largo plazo que marque la senda para avanzar lo más rápidamente posible hacia un sistema energético inteligente, eficiente y 100% renovable.

Limitar por ley la vidad de las nucleares
Para avanzar de forma consistente en ese camino, la organización ecologista cree necesario establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables. Plantea limitar por ley a 30 años la vida útil de las centrales nucleares existentes, y eliminar cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de los permisos de explotación de estas, una vez alcanzado el límite temporal, así como establecer un calendario de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón.

Además, se debe imponer una moratoria en la exploración, especialmente de hidrocarburos no convencionales, en el territorio español. Y adoptar una posición firme a nivel europeo para impedir la importación de crudos no convencionales (crudos pesados, de aguas profundas, arenas bituminosas….) en el mercado europeo.

La respuesta completa de Greenpeace al cuestionario de la CNE se puede ver en:
www.greenpeace.org/espana/es/reports/

• fuente: energias-renovables.com

Llenar el depósito cuesta ahora 6,6 euros más que hace un año.

Llenar el depósito del coche de combustible va camino de convertirse en un lujo. Con el barril de crudo Brent –el de referencia en Europa– ya por encima de los 120 dólares el barril, la gasolina súper 95 ha marcado ya esta semana unos históricos 1,392 euros el litro, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE. En mes y medio, este combustible se ha encarecido un 7,4% y es también un 9,5% más caro que hace un año, por lo que llenar un tanque de 55 litros cuesta de media ahora 76,5 euros, 6,6 más que en febrero de 2011.

El gasóleo también está siendo víctima de estas tensiones. Ahora es un 5% más caro que hace un año, por lo que repostar un depósito de este combustible cuesta 74,2 euros, 6,3 euros más que el ejercicio pasado.

Aunque las tensiones con Irán han contribuido de forma notable a la subida del precio de la materia prima de la gasolina, el petróleo, también es importante el efecto que está teniendo la crisis de la deuda soberana europea en este encarecimiento. La incapacidad de la UE para cerrar de una vez por todas la crisis de Grecia y, por extensión, las dudas sobre la solvencia europea, están haciendo mella en el euro. La moneda única se cambiaba ayer a 1,31 dólares, lo que obliga a los países del continente a un mayor esfuerzo para comprar crudo. En la práctica, esta depreciación de la moneda única aproxima el precio actual del petróleo al récord de 147 dólares el barril que marcó en julio de 2008. Entonces, el euro estaba más fuerte y abarataba con el cambio la adquisición del crudo.

Pese a los sucesivos incrementos que viene experimentando en los últimos meses, la gasolina sigue siendo en España relativamente barata. El precio medio del litro en la Unión Europea de los 27 es de 1,583 euros, mientras que en la eurozona es de 1,612 euros. Grecia es el país de la moneda única con el carburante más caro, 1,72 euros, casi el mismo precio que los Países Bajos –1,71–. Por detrás están Dinamarca, Suecia y Reino Unido –1,6 euros–.

• fuente: larazon.es
  

La biomasa aporta importantes ventajas: es más barata que los combustibles fósiles; contribuye al mantenimiento de los ecosistemas forestales.

Pasados unos días desde la publicación del R.D.1/2012, los miembros de la Alianza por la Bioenergía evalúan el empleo y las inversiones que se perderán debido a la aplicación de la injusta medida. Este R.D. supone además mayor dependencia energética para el país y un aumento de los costes energéticos a medida que suben los precios del petróleo y el gas natural.

La biomasa aporta importantes ventajas: es más barata que los combustibles fósiles; contribuye al mantenimiento de los ecosistemas forestales y a la gestión de subproductos y residuos industriales y agroindustriales; fomenta y valoriza los sumideros de carbono y, socialmente, genera mucho empleo de forma continua: hasta 135 empleos por cada 10.000 habitantes, frente a 9 derivados del uso de combustibles fósiles (datos de AEBIOM y FAO). Y además es una fuente de energía gestionable por lo que necesita y genera puestos de trabajo directos e indirectos en toda la cadena de gestión y producción.

La Alianza por la Bioenergía expone los siguientes argumentos para que el R.D.1/2012 sea derogado:

1) POTENCIA INSTALADA DE BIOMASA MUY ALEJADA DE LOS OBJETIVOS

La potencia instalada con biomasa en España es muy baja. No llega ni al 40% del objetivo marcado en el RD 661/2007. El PER 2005-2010 asignaba 1.317 MWe pero sólo se alcanzó 1/3 del objetivo. Finalmente, en el nuevo PER (2011-2020) se ha recortado la asignación a tan solo 870 MW. En cuanto al biogás de origen agro-ganadero, sólo existen 16 plantas operativas que acumulan 9,5 MW instalados, apenas un 10% del objetivo en el antiguo PER
La complejidad de los proyectos de generación eléctrica con biomasa o biogás, junto a la muy ajustada retribución vigente, imposibilitan que estas tecnologías se desarrollen con rapidez o que constituyan una “burbuja”. La prueba está en el parque de plantas de biomasa hoy instalado y en el ritmo de crecimiento, inferior a 40 MWe/año en los últimos cinco años.

Los proyectos de generación con biomasa conllevan un largo período de construcción, de 2-3 años, por lo que la moratoria supondrá la ausencia de nuevos proyectos en 4-5 años o más. Los proyectos de biogás requieren 1 año como mínimo para obtener licencias y otro año para construcción y puesta en marcha.

2) INCERTIDUMBRE QUE DAÑA TODO UN TEJIDO INDUSTRIAL Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Una moratoria de duración indeterminada desincentiva por completo nuevos proyectos o inversiones por la incertidumbre que desprende.

El tejido industrial español que ha apostado por la innovación tecnológica, y que a día de hoy es capaz de suministrar hasta el 100% de la inversión en equipos e ingeniería asociado a estos proyectos, se ve seriamente afectado por la incertidumbre que genera la moratoria: se detendrá la puesta en marcha de plantas en fase avanzada de proyecto e incluso de algunas ya finalizadas pero sin preasignación.

Para presentar la solicitud el promotor de plantas bioeléctricas debe acreditar compromisos de compra de equipos por hasta el 50% de la inversión y de financiación. La ruptura de estos compromisos puede suponer un grave perjuicio económico no justificado, sobre todo en proyectos que ya habían solicitado inscripción en el registro de preasignación dentro del último trimestre anterior a la publicación del RDL. En estos casos el inversor cumplió los requerimientos de la legislación vigente hasta el momento de la presentación del expediente (RDL 06/09); y es con posterioridad que dicho procedimiento es suspendido.

La importante promoción de proyectos de biomasa de los últimos años animó a muchas pymes a invertir en maquinaria y otros equipos específicos, pero ahora ven peligrar incluso su subsistencia dado que muchos de estas inversiones no podrán ser amortizadas. En los dos últimos años se han vendido más de 425 equipos de maquinaria utilizada en la biomasa  por valor de más de 35 millones de euros.

En cuanto a los proyectos de biogás, en la actualidad hay 34 plantas en proyecto. De ellas, 25 llevan muy avanzados los trámites e inversiones a los que obliga el Ministerio para poder entrar en el registro de pre-asignación. Cada una de estas instalaciones ha invertido ya 100.000 euros como mínimo, y más de 200.000 € si ya contrataron con la compañía eléctrica el punto de conexión, aparte del coste de las licencias municipales

La paralización total del sector supone la desaparición del mercado necesario para su consolidación. Empresas industriales de gran relevancia e ingenierías que han apostado por este sector, con el objetivo de realizar proyectos en España sobre los que basar su crecimiento exterior, se verán muy afectadas al no poder contar con una cartera de referencia suficiente para su internacionalización: es muy difícil ir a “vender fuera” cuando no se puede acreditar un mínimo sector nacional.

Por otro lado, la reducción de la actividad de pequeñas empresas que no pueden abordar la internacionalización, única salida inmediata a esta situación generada, va a provocar su desaparición. La biomasa, por sus características, supone la participación de múltiples actores, sobre todo pymes que ahora se encuentran en una situación muy complicada.

3) PÉRDIDA DE BENEFICIOS AMBIENTALES, DESARROLLO AGRARIO Y AHORRO

La valorización energética de la biomasa agrícola soluciona varios problemas como la eliminación de restos de cosecha que hoy no tienen salida o de los productos de las labores de mantenimiento de las plantaciones leñosas (olivo, viñedos, frutales, etc). Estos residuos, si no se valorizan para energía, se quemarán al aire libre.

Los cultivos energéticos leñosos y la instalación de centrales eléctricas con biomasa suponen un enorme impulso al desarrollo rural: ponen en cultivo tierras no utilizadas para producir alimentos, crean empleos diversificados y posibilita la continuidad de la actividad del sector agrario.

La fermentación descontrolada al aire libre de residuos agroindustriales, como ocurre en la actualidad, libera a la atmosfera gas metano, 21 veces más contaminante que el CO2. Explotaciones agroganaderas que esperaban solucionar sus problemas de gestión de desechos gracias a plantas de biogás pierden esta oportunidad de corregir un grave problema medioambiental. El total de residuos previstos que iban a ser tratados en esas plantas ronda los 2 millones de toneladas anuales, lo que habría evitado la emisión a la atmósfera de casi medio millón de toneladas anuales de gases de efecto invernadero.

Los trabajos selvícolas para obtener biomasa forestal para valorización energética también lo son de prevención de incendios. Estos trabajos, realizados en colaboración público-privada, en los que la gestión correspondería a la Administración pública y la inversión y riesgo de los trabajos a la empresa privada, proporcionarían importantes ahorros y ventajas: eliminación de hasta 10-15 millones de toneladas de materia seca/año, menor inversión en medios de extinción, más puestos de trabajo en cuadrillas de prevención.

Con la paralización de los proyectos afectados por el RDL quedarán en el monte entre 5 y 8 millones de peligrosas toneladas de material forestal y agrícola que incrementarán el riesgo de incendio. Su eliminación para prevenir los incendios supondrá un coste para la Administración Pública superior al de la retribución por venta de energía de dichos proyectos. Este aspecto adquiere suma importancia ahora que, para lograr el objetivo del 4,4% de déficit a finales de 2012, ya se está recortando inversión pública en trabajos selvícolas preventivos.

También hay que considerar el coste de gestión de las biomasas que se abandonan o terminan en vertedero por no valorizarse energéticamente. En el sector de las biomasas recuperadas, integrado por pymes con larga tradición y que veían en la biomasa una oportunidad para reimpulsar su actividad, la moratoria supone una paralización absoluta de trabajo. Hasta ahora no se gestionaba más biomasa porque no había suficientes plantas, pero se esperaba la llegada de unos proyectos que ahora no se sabe si verán la luz.

Las plantas de biomasa no necesitan de un “seguro de funcionamiento” en forma de ciclo combinado de gas que respalde la potencia que genera; por lo que suponen para el sistema un verdadero ahorro en potencia fósil instalada. Esto supone que a los ahorros descritos habría que añadir la mejora de la balanza comercial por la reducción de la importación de combustibles fósiles.

Otro elemento de impacto positivo de la generación de energía eléctrica con biomasa, en este caso común al régimen especial, es el de la disminución del precio de mercado o pool de la energía. Al ofertar siempre su energía a precio cero, se reduce el precio de casación. Con un efecto de ahorro de unos 20 €/MWh sobre el total de la energía casada en el sistema: unos 25 GW de media horaria anual.

4) DESTRUCCIÓN DE EMPLEO E INVERSIÓN

El principal efecto derivado de la entrada en vigor de este RD va a ser el despido de numerosos trabajadores y la pérdida de oportunidad en la contratación de muchos otros. Ya se están preparando los primeros ERE.

La biomasa es la fuente de energía que más puestos de trabajo, directos e indirectos, genera por MW instalado al menor coste para el país. Durante el periodo de construcción (2-3 años) se crean más de 20 puestos de trabajo/MW. Cifra que se mantiene en más de 10 puestos de trabajo/MW durante el periodo de explotación. Además, la mayoría son empleos generados en zonas rurales.

Una planta de 15 MWe crea 300 puestos de trabajo durante la construcción y entre 130 y 170 puestos de trabajo durante la explotación, dependiendo del tipo de biomasa, agrícola o forestal, utilizada.

La Alianza por la Bioenergía ha recogido en estos días los datos de 38 proyectos de generación eléctrica con biomasa (750 MW instalados) afectados por el RD-Ley, que deberían ir entrando en funcionamiento en los próximos 6-8 años. Su no construcción se llevará por delante 8.500 empleos y 2.500 millones de euros, que se dejarán de invertir.

También se ven afectados 34 proyectos de biogás (15 MW), lo que supondrá una pérdida de inversión de 110 millones y más de 500 puestos de trabajo (300 empleos durante la fase de construcción en 2012, y otros 200 empleos fijos durante su operación posterior, todos ellos en el ámbito rural).

Entre el 10 y el 15% de la inversión de una planta producción de energía eléctrica con biomasa corresponde al parque móvil de maquinaria. Del 30% de la inversión (750 millones de euros), que corresponde a obra civil e instalaciones fijas, un 2,5% (18 millones de euros) son ingresos que los ayuntamientos dejarán de recibir en forma de impuestos de obra y construcción. A esto habría que añadir la falta de recaudación por Impuesto de Sociedades y de contribuciones a la Seguridad Social por los puestos de trabajo que no llegarán a crearse.

La situación económica de agricultores que habían decidido diversificar su actividad realizando cultivos energéticos también se va a complicar. Se pierde una oportunidad de generar empleo en medio rural y un instrumento precioso que contribuye a la reconversión agraria y la fijación de población.

• fuente: ecoticias.com